Tecnología, justicia y poder: semana 1, 2021
Durante agosto de 2021, desde el Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas (Chiapas, MX) y comun.al (laboratorio de resiliencia digital) estaremos compartiendo el ciclo de conversatorios “Tecnología, justicia y poder: Violencia digital por parte del Estado en México” para abrir espacios de reflexión a partir de las experiencias de personas activistas, tecnólogas y defensoras de derechos humanos en México y América Latina.
En la primer semana de este ciclo, que se transmitirá en vivo todos los martes y jueves de este mes, tuvimos la fortuna de contar con las participaciones de Abel Hernández y Vidulfo Rosales del Centro de derechos humanos de la montaña Tlachinollan (Guerrero, MX) y con Sofía de Robina del Centro de derechos humanos Agustín Pro Juárez (CDMX).
El martes 10 de agosto, arrancamos esta iniciativa con la presentación de los compañeros de Tlachinollan quienes nos compartieron un recorrido histórico situado en las resistencias civiles de Guerrero para recuperar la memoria sobre las estrategias de vigilancia, amedrentamiento y contrainsurgencia por parte del gobierno mexicano que han reconocido y sufrido en sus años de trabajo.
En las palabras de Abel Hernández, las estrategias de manipulación informativa para desprestigiar tanto a las personas defensoras como a las organizaciones civiles de base que las acompañan se ha observado desde los años 60 y se ha perpetuado en estrategias de polarización que tergiversan los hechos para fomentar la desinformación y el descrédito en torno a las luchas que se realizan para buscar el acceso a justicia que es negado a quienes resisten a los abusos de poder en el campo, las comunidades indígenas y la defensa de la tierra y el territorio.
“¿Por qué esa manera de maltratarnos? ¿Por qué esa manera de ponernos en riesgo?”
La violencia digital es usada por el Estado para causar agravios a las personas defensoras, sin embargo el compromiso por el acompañamiento a víctimas y la búsqueda de justicia sigue firme frente a los abusos de poder y las agresiones que ahora también retoman las tecnologías como instrumentos para propagar esta persecución a quienes defienden derechos humanos.
Aunque las estrategias de vigilancia no son nuevas, el uso de tecnologías como Pegasus también suma una nueva serie de impactos psicosociales que más allá de la incertidumbre también generan vulnerabilidades tan profundas que en algunos casos han llevado a que personas abandonen las luchas y procesos para acceder a la justicia que han buscado por años.
“La tecnología aterroriza a los defensores cuando estamos inmersos en procesos de verdad y justicia, como pasa en nuestro país”
Además de esto, esas estrategias de vigilancia y espionaje no eran algo accesible, quienes las implementaban lo hacían a la par de otras medidas de persecución, hostigamiento y amedrentamiento que evidenciaban su proveniencia: personas pertenecientes a grupos de poder que incluso en algunos casos se reconoció que estaban vinculados al crimen organizado. Una situación que, en el contexto actual, parece prevalecer más allá de la tecnología que se esté ocupando.
En septiembre de 2014, con el nacimiento del movimiento por la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa, inició una nueva ola de acoso por parte de los órganos de inteligencia del Estado (en aquel entonces, desde el CISEN) hacia el CDH Tlachinollan. Vidulfo compartió algunos documentos emitidos por el gobierno donde se narra la existencia de una supuesta correlación entre quienes apoyan el movimiento social y grupos “peligrosos para la gobernabilidad”, una maniobra que hace eco a las realizadas durante la Guerra Sucia de los 60. Estos documentos fueron filtrados a medios de difusión quienes se encargaron de propagar desinformación polarizante a partir de estos documentos, sin permitir derecho de réplica ni profundizar en investigaciones que permitieran esclarecer estas acusaciones y los supuestos que asumían como verdades absolutas. Mostrando así otra cara de las violencias por parte del Estado, una que retoma los medios (y sus plataformas, también digitales) para generar descrédito y vulnerar la legitimidad de la lucha por el acceso a justicia, vulnerando también la seguridad de quienes la llevan y quienes les acompañan.
A partir de la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y los avances en su investigación que llevan a cuestionar el papel del ejército en la agresión a los estudiantes, inicia una nueva ola de violencias por parte del gobierno donde además se hace evidente el uso de Pegasus no solamente para perseguir a quienes tenían relación con el caso sino también para intervenir sus comunicaciones, grabarlas y hasta producir materiales apócrifos para -nuevamente- buscar golpear la confianza y el apoyo que se estaba generando en torno a quienes señalaban la participación tanto del gobierno como del ejército en estos sucesos.
Personalmente, encuentro muy importante escuchar el testimonio de Vidulfo en torno a la campaña que se generó para desprestigiarlo a partir de una grabación manipulada que fue filtrada a distintos medios de comunicación quienes por tres días sostuvieron una cobertura mordaz y cruel sobre ese material sin dar espacio a réplica y sin realizar la reparación a la reputación de Vidulfo quien incluso tuvo que abandonar su domicilio para huir de las consecuencias de la instrumentalización que estos medios permitieron para perpetuar la violencia hacia personas defensoras. Este conversatorio ha sido el primer espacio que se les ha brindado para hablar abiertamente de esto, narrar en primera persona los impactos de las violencias que han recibido y buscar que a través de las tecnologías también se conozca esta verdad que ha estado menguada por la violencia (también digital) que ejerce el Estado en México.
Aquí pueden encontrar la grabación completa:
El jueves 12 de agosto, contamos con la participación de Sofía de Robina, abogada integrante del Centro Prodh en la Ciudad de México, quien nos compartió una mirada nacional sobre el panorama del accesso a justicia en el país que se ha visto continuamente obstruido por las diferentes manifestaciones de violencia, corrupción e impunidad que aunadas a la falta de transparencia, salvaguardas para los derechos humanos y métodos de investigación eficientes terminan por menguar las labores de defensa y las luchas civiles que han existido y resistido a esta situación a través de los años.
Para Sofía una coincidencia transversal en las violaciones graves a derechos humanos en el país tiene que ver con la impunidad y la resistencia por parte de las fiscalías a nivel estatal y federal para esclarecer los hechos y permitir así que se conozca la verdad, que se acceda a la justicia, que se reparen los daños y se establezcan garantías efectivas de no repetición.
En 2017 se dio a conocer que 3 integrantes del Centro Prodh habían sido objetivo de ataque a través del software de espionaje Pegasus, el reconocer que este tipo de tecnologías estaban siendo usadas por parte del gobierno hacia periodistas, defensoras y activistas tuvo un impacto directo en la integridad y las medidas de seguridad de quienes supieron que estaban siendo espiadas. Con Pegasus se comenzó a generar conciencia en torno a las implicaciones de este tipo de instrumentos en los abusos de poder, que además -a diferencia de otras estrategias utilizadas anteriormente- estos instrumentos están rodeados de una incertidumbre y profunda opacidad por lo intangible o irrastreables que resulta su aplicación desde la perspectiva de quienes son perseguidas, vigiladas o espiadas a través de ellos.
“En casos de violencia digital y espionaje el sólo hecho de poder documentar con algo más tangible, como un mensaje, es sumamente relevante.”
Tras las diferentes acciones realizadas por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y SocialTIC en conjunto con organizaciones de defensa de derechos humanos y periodistas, en 2017 también se presentó una demanda ante la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) para exigir una investigación diligente. A cuatro años de esto, el silencio por parte de estos organismos da cuenta de la falta de voluntad, la falta de capacidades técnicas y la falta de metodologías de investigación efectivas para transparentar el origen de estas intervenciones y avanzar en el acceso a justicia para quienes fueron víctimas de estos abusos.
Además, cabe recalcar, que gran parte de los avances en la investigación así como las recientes revelaciones en torno al uso de Pegasus en México han sido resultado de investigaciones independientes y que finalmente terminan siendo desestimadas o relegadas a procesos burocráticos que bajo la falsa premisa del “debido proceso”, nuevamente producen distintos obstáculos en este largo, ineficaz y opaco manejo del caso por parte de la Fiscalía.
Existe una preocupación constante frente a las revelaciones de que estas tecnologías han sido y están siendo usadas también por integrantes de las fuerzas armadas, aún cuando algunas labores de inteligencia y la intervención de telecomunicaciones están fuera de sus facultades. Para las personas defensoras de derechos humanos en México, la prevalente insistencia en la militarización de las labores de seguridad pública y la intervención de las fuerzas armadas en distintas áreas y la consolidación de la Guardia Nacional, son alertas que anuncian un escenario aún más complejo para avanzar en el acceso a justicia.
“En México las fuerzas armadas han tenido una historia de violaciones a derechos humanos muy larga.”
El ejército y las fuerzas aéreas en el país son administradas por la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA). Recientemente Andrés Manuel López Obrador anunció una reforma que pretende que la Guardia Nacional se convierta en dependencia de esta secretaría, amplificando aún más las intervenciones de esta secretaría en ámbitos que exceden a los que está facultada para intervenir legítimamente.
Para la defensa de derechos humanos en México, la figura de la SEDENA siempre ha implicado un gran reto por la prevalente presencia que han tenido sus elementos en las violaciones graves a derechos humanos y la reticencia que ha mostrado esta secretaría para permitir que se avance en las investigaciones y procesos para acceder a la justicia. Que se le otorguen facultades de vigilancia o incluso se le permita el uso de tecnologías que exceden sus capacidades en impunidad a esta secretaría, implica una grave amenaza. No es poca la evidencia que existe sobre el abuso de la fuerza por parte de las fuerzas militares en el país, así como tampoco son pocos los casos en los que se ha evidenciado su colusión con el crimen organizado o su participación en casos de tortura, detención o desparición forzada. Esto está recogido en la reciente publicación del Centro Prodh “Poder militar: La guardia nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense” que pueden consultar aquí: https://centroprodh.org.mx/poder-militar/
Sin un enfoque que ponga al centro de las estrategias y políticas de seguridad nacional las salvaguardas necesarias para proteger los derechos humanos y asegure que estas se sostengan en la práctica, más allá del discurso, nos encontramos con una “protección abstracta” por parte del nuestro gobierno que repercute en nuestras posibilidades de tener vidas dignas, libres de persecución y libres de violencias (también digitales) por parte del Estado.
Encuentro que esta conversación hace un necesario hincapié, retomando algunas de reflexiones que tocamos el lunes, sobre la necesidad de no renunciar a las posibilidades que amplifican las tecnologías para el acceso a la justicia aún menos cuando hoy por hoy se les está utilizando como instrumentos para consolidar mecanismos de control y estrategias autoritarias que menoscaban nuestros derechos y menguan nuestra autonomía.
Aquí pueden encontrar la grabación completa:
Con la esperanza de que estas reflexiones nos permitan sostener la memoria y construir resiliencia, esperamos que este resumen les anime a acompañarnos en las siguientes conversaciones. Estaremos transmitiendo en vivo por https://frayba.org.mx/envivo y preservando las grabaciones para consulta pública en https://archive.org/details/@cdh_frayba
Informarnos, frente a la desinformación como estrategia para sostener la impunidad, también es una forma de resistencia.
Hasta que la dignidad se haga costumbre, ¡sigamos aprendiendo/reflexionando/analizando juntæs!
